Oriente medio hace temblar a las arcas de autónomos y pymes
El conflicto en Oriente Medio ha golpeado con fuerza la economía española, y no de forma teórica. La factura energética se dispara, impactando directamente en el bolsillo de autónomos y pequeñas empresas, y amenazando la supervivencia de negocios que ya arrastran rebrotes de inflación. Un panorama que el Gobierno intenta mitigar con un plan de emergencia, aunque la respuesta autonómica se presenta fragmentada y desigual.
El diésel, un dolor de cabeza de 28%
Desde el ataque a Irán, el precio del diésel ha escalado un alarmante 28%, mientras que la gasolina se ha encarecido un 16%. Para un repartidor, un electricista o cualquier profesional que dependa del vehículo para trabajar, esta subida representa un sobrecoste mensual de 288 euros. Una cifra que, según Eduardo Abad, presidente de UPTA, “es insostenible”. La incapacidad de repercutir estos costes al consumidor final agrava aún más la situación, reduciendo los márgenes de beneficio hasta límites peligrosos.
5.000 Millones para evitar un colapso
Ante la escalada de la crisis, el Gobierno ha anunciado un paquete de medidas de emergencia valorado en 5.000 millones de euros, que se someterá a votación en el Congreso este jueves. El plan incluye ayudas directas, líneas de financiación preferentes y medidas para garantizar la liquidez de las empresas más afectadas. Se busca evitar un nuevo shock económico, similar a los vividos en tiempos de crisis anteriores, protegiendo especialmente a pequeñas empresas, el sector del transporte y las industrias intensivas en energía.
Entre las medidas más destacadas, figura una reducción drástica de la fiscalidad energética, con bajadas de impuestos en la electricidad de hasta el 60%. En concreto, el Real Decreto-ley contempla una reducción del IVA de los carburantes, la electricidad, el gas natural, briquetas y pellets, al tiempo que se congela el precio máximo de venta del butano y el propano. También se bonifican en un 80% los peajes eléctricos de transporte y distribución para la industria electrointensiva.
Un mosaico de respuestas autonómicas
Mientras el Gobierno central articula la respuesta a nivel nacional, las comunidades autónomas han reaccionado a diferentes velocidades. Murcia ha movilizado un paquete económico para paliar la falta de liquidez, mientras que Asturias apuesta por facilitar el acceso al crédito mediante avales públicos. Baleares prepara un decreto que combina rebajas fiscales con ayudas directas, y Cataluña trabaja en un plan más ambicioso que movilizará unos 300 millones de euros.
El País Vasco, por su parte, ha reforzado con 257 millones de euros el apoyo a las pymes y habilitado avales de hasta 450 millones para empresas y autónomos. En contraste, Galicia, Castilla-La Mancha y La Rioja han optado por esperar, evaluando el impacto y a la espera de conocer el desarrollo completo del plan estatal. Madrid, bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Gobierno una bajada del IVA de la luz, el gas y los combustibles, mostrando la dificultad de alinear las estrategias a nivel nacional.
La falta de sincronización entre las distintas administraciones podría traducirse en un apoyo desigual para empresas y autónomos, dependiendo de su ubicación geográfica. La incertidumbre persiste, pero una cosa es clara: la escalada en Oriente Medio ha puesto al descubierto la fragilidad económica de muchos negocios españoles, y la respuesta a esta crisis determinará, en gran medida, su supervivencia.