Tribunales españoles indemnizan abusos contractuales: la justicia da marcha atrás a las empresas
La resolución del Tribunal Europeo sobre los contratos temporales en España ha desatado una ola de indemnizaciones que sacuden el sector público. La sentencia del TJUE de abril, que consideraba ineficaces las medidas adoptadas para combatir el abuso de temporalidad, ha abierto la puerta a la compensación para miles de funcionarios afectados.
nEl primer caso relevante se ha resuelto en Badajoz, donde un juzgado ha concedido una indemnización de 16.000 euros a un trabajador temporal que, tras cubrir una plaza vacante, logró plaza fija. Este fallo, basado en la última sentencia del TJUE, establece un nuevo estándar para la compensación en estos casos: 16.000 euros por 20 días de salario anuales, con un máximo de 12 mensualidades.
nPero la historia no acaba ahí. En Vigo, el Juzgado de lo Social ha dictado una indemnización de más de 52.000 euros a una investigadora del CSIC, reconocida como indefinida no fija, quien también consiguió plaza tras superar un proceso de estabilización. Esta resolución, también fundamentada en la jurisprudencia europea, rechaza la idea de que la obtención de una plaza fija sea suficiente para compensar el abuso sufrido.
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El gobierno, en la cuerda floja: la oferta pública de empleo no es suficiente
nLa Junta de Extremadura, que inicialmente se opuso a la indemnización del trabajador de Badajoz, argumentó que la adjudicación de plaza de funcionario no implicaba un cese de la relación laboral. Sin embargo, la Ley 20/2021 establece que solo serán indemnizados aquellos empleados que cesen por no superar el proceso selectivo. Esta legislación, y la interpretación del Tribunal Europeo, ponen en serias dificultades al Gobierno y a las administraciones públicas.
nLa situación es compleja. La indemnización, en los casos que se han resuelto, no considera la experiencia previa como mérito en el proceso selectivo, ni la valoración de otros factores que también pudieron sufrir el abuso de temporalidad. La Ley 20/2021, según el fallo de Vigo, permite