Tribunal supremo: el trabajo duro de los funcionarios ahora cuenta para su carrera
El Supremo da un vuelco a la regulación de los funcionarios, exigiendo que el desempeño real, no la clasificación del puesto, determine su progresión profesional. Un fallo histórico que podría afectar a miles de empleados públicos en España.
Un cambio radical en la carrera administrativa
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que redefine la relación entre las funciones desempeñadas por un funcionario y su progresión dentro de la Administración. La resolución, número 1442/2025, establece que, cuando un empleado público asume de forma continua tareas propias de un puesto de mayor nivel, su desempeño debe computar tanto para la percepción de complementos económicos como para la consolidación de su grado personal.
Hasta ahora, la práctica administrativa se limitaba a reconocer las diferencias salariales cuando se demostraba la realización de tareas de mayor nivel, ignorando el impacto real en la trayectoria profesional del empleado. El Supremo, en un giro inesperado, exige que dicho desempeño se refleje directamente en la consolidación de su grado, un factor clave para ascensos y reconocimiento dentro de la carrera administrativa.
La sentencia, que afecta a casos como el de una inspectora de Trabajo cuya función se equiparaba a la de un puesto superior, pone de manifiesto la necesidad de una evaluación más rigurosa de las responsabilidades reales del funcionario, más allá de la clasificación formal en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
“No basta con reconocer las diferencias retributivas cuando se ha acreditado que un funcionario ha desempeñado funciones de nivel superior de forma continuada,” afirma el tribunal. “Ese desempeño también debe reflejarse en la consolidación del grado personal.”
El fallo refuerza una doctrina ya establecida por el Supremo en 2022, donde se consideraba que la “identidad sustancial entre las funciones y responsabilidades desempeñadas en puestos de distinto nivel” obligaba a la Administración a pagar las retribuciones correspondientes al nivel realmente ejercido. Ahora, esa igualdad se extiende a la carrera profesional. La novedad reside en que la Administración debe reconocer el impacto real del trabajo del funcionario en su desarrollo profesional, no solo la diferencia de salario.
La resolución, que implica el pago de intereses retroactivos a la inspectora, supone un precedente importante para el colectivo de funcionarios y abre la puerta a la reclamación de derechos en aquellos casos donde el desempeño real ha superado la clasificación oficial. La Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social celebra la decisión, argumentando que durante años muchos inspectores han asumido las mismas responsabilidades que sus superiores, sin que ello se tradujera en mejoras salariales ni profesionales. “Corre la voz de que la condición de funcionario de nuevo ingreso no puede justificar por sí sola un trato diferente si las funciones desempeñadas son las mismas,” señala el sindicato.
El Gobierno, ante esta nueva línea judicial, se muestra abierto a la contratación de interinos para activar la jubilación parcial de los funcionarios, buscando así una forma de gestionar la creciente presión sobre el sistema de pensiones. El Supremo ha dictado una sentencia que, sin duda, transformará el panorama de la carrera administrativa en España.”n