Pensiones: la brecha territorial se agranda, ¿quién se queda atrás?
El mapa de las pensiones en España revela una realidad incómoda: la jubilación no es una experiencia uniforme. Mientras algunos disfrutan de cuantías que rozan los 2.000 euros al mes, otros se ven obligados a complementar su pensión con trabajos a tiempo parcial, luchando para llegar a fin de mes. La disparidad, lejos de disminuir, se ha ampliado, reflejando las desigualdades económicas arraigadas en el tejido laboral del país.
La geografía de la precariedad: ourense, epicentro de la desigualdad
Los últimos datos de la Seguridad Social, correspondientes a febrero de 2024, dibujan un escenario preocupante. Ourense, con una pensión media de jubilación que apenas supera los 1.131 euros, encabeza la lista de las provincias más desfavorecidas. Lugo no se queda atrás, con una cifra de 1.229 euros, y ambas se sitúan considerablemente por debajo del salario mínimo interprofesional, que en 2026 alcanzará los 1.221 euros. La situación es aún más crítica si consideramos la pensión media total, que en Ourense se limita a 1.019 euros, una distancia abismal del SMI y de la media nacional.
Esta realidad se repite en otras provincias del noroeste y suroeste peninsular, como Cáceres, Badajoz y varias de Andalucía oriental, donde la precariedad laboral de décadas pasadas se traduce en pensiones insuficientes para cubrir las necesidades básicas. El envejecimiento demográfico agrava la situación: Ourense, con una edad media de 52 años y más del 32% de población mayor de 65 años, se enfrenta a un futuro donde la sostenibilidad del sistema de pensiones se convierte en un desafío cada vez mayor.
El contraste con el norte industrial y madrid: una cuestión de cotización
En la otra cara de la moneda, se encuentran las provincias con tradición industrial y salarios más elevados, como Bizkaia, que ostenta la pensión media más alta del país, con 1.933 euros, o Madrid, con alrededor de 1.790 euros. La clave reside en las carreras laborales más estables y mejor remuneradas, que permiten acumular una base reguladora más alta y, por ende, una pensión final más generosa. La diferencia entre Ourense y Bizkaia, por ejemplo, puede superar los 800 euros al mes, una brecha que subraya la persistencia de las desigualdades económicas.
BBVA, en un estudio reciente, ha analizado en profundidad esta situación, concluyendo que “la desigualdad se gesta antes de la jubilación, no en el momento de cobrar la pensión”. El sistema de pensiones, con sus complementos de mínimos y mecanismos anti brecha de género, intenta mitigar estas diferencias, pero su capacidad para compensar las desigualdades contributivas es limitada. Las palancas de la contributividad, que premian el mayor esfuerzo de cotizaciones, siguen siendo el factor determinante en la cuantía final de la pensión.
La historia laboral de cada persona, marcada por la calidad del empleo, la estabilidad y el nivel salarial, se refleja inevitablemente en su pensión de jubilación. En un contexto de creciente incertidumbre económica y demográfica, la necesidad de abordar estas desigualdades territoriales y garantizar una jubilación digna para todos los españoles se convierte en una prioridad urgente. La brecha, lejos de cerrarse, se ensancha, y exige soluciones audaces y equitativas.