La reforma laboral en la administración pública: entre la reducción de jornada y el desafío demográfico
El Gobierno y los sindicatos han intensificado las negociaciones para cerrar el nuevo modelo de jornada y perfilar la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, que probablemente verá la luz después de Semana Santa.
La reducción de horas de trabajo plantea desafíos para la administración general del estado (age)
La implantación de las 35 horas semanales supone una caída directa del tiempo de trabajo. El paso de 37,5 a 35 horas representa un recorte del 7,1% del tiempo ordinario, lo que obliga a reorganizar recursos o aumentar efectivos para mantener el nivel de servicio.
El impacto es especialmente visible en áreas tensionadas como el Servicio Público Empresarial Estatal (SEPE), la Seguridad Social o las oficinas de Extranjería, que además afrontarán en los próximos meses procesos complejos como la regularización de cientos de miles de personas.
Los sindicatos han sido claros en este punto: no aceptarán que trabajar menos se traduzca en un deterioro de la atención al ciudadano. La clave, insisten, está en reforzar las plantillas.
Un sistema ya tensionado
La implantación de las 35 horas se produce en un momento delicado para la Administración. Las plantillas no solo están ajustadas, sino que arrastran un problema estructural de envejecimiento.
Según un informe elaborado por Función Pública que analiza el período 2014-2019, en 2020 más del 66% de los empleados públicos de la AGE tenían 50 años o más, con una edad media superior a los 51 años. El personal laboral fijo incluso lo superaba, con la edad media de sus trabajadores alcanzando los 54,1 años.
Esto supone que las nuevas incorporaciones no cubren las bajas producidas y, como consecuencia, las medias de edad de los efectivos no descienden, al no incorporarse de forma masiva personal más joven.
En el período analizado se perdieron 45.821 efectivos y se incorporaron 17.784. Como resultado, las proyecciones para 2030 reflejan una pérdida masiva de personal, con el 56,82% de la plantilla actual (2020) jubilada.
La Oferta de Empleo Público (OEP) 2026: clave para adaptar la Administración a un nuevo modelo
No solo para cubrir vacantes, sino para adaptar la Administración a un nuevo modelo de trabajo, la OEP se convierte en la herramienta decisiva. Sin embargo, el punto de partida no es sencillo.
Hay miles de plazas pendientes de convocar de ejercicios anteriores. Solo en personal laboral, más de 5.700 puestos de nuevo ingreso siguen sin activarse, junto a más de 3.200 de promoción interna.
Los sindicatos reclaman no solo más plazas, sino también mayor agilidad. Exigen que los procesos selectivos se inicien en el mismo año de su aprobación para evitar retrasos que, en la práctica, diluyen el impacto de las ofertas.
La OEP de 2025 no logró generar empleo neto, ya que las bajas superaron a las incorporaciones. Por eso, las principales centrales no respaldaron aquel acuerdo. Ahora exigen que la nueva oferta vaya más allá y refuerce de forma efectiva los servicios públicos.
La reforma laboral no es solo una cuestión de tiempo de trabajo. Obliga a revisar la planificación de recursos humanos, los turnos y la organización interna. Los servicios con atención al público o funcionamiento continuo tendrán que ajustar sus horarios.
El objetivo, según el Gobierno y los sindicatos, es modernizar la Administración, mejorar la conciliación y atraer talento. Pero ese objetivo choca con la realidad. Sin refuerzos suficientes, la reducción de jornada puede tensionar aún más un sistema ya exigido.