Bancos se quedan con cuentas dormidas: 600.000 euros en juego

El Estado español podría quedarse con saldos acumulados en cuentas bancarias que llevan más de dos décadas sin actividad. Una medida que, lejos de ser una novedad, se consolida tras una actualización de la Ley 33/2003 y obliga a los bancos a actuar con notable diligencia.

El plazo de inacción: 20 años

Tras veinte años de silencio absoluto, el banco tiene la obligación legal de verificar si el titular de la cuenta ha realizado alguna transacción o gestión. No basta con que el saldo se quede estancado; se exige una comprobación exhaustiva.

Notificación y plazo: 3 meses

Si la entidad confirma que la cuenta permanece inactiva, deberá notificar al titular con al menos tres meses de antelación, preferiblemente por correo certificado. Pero, crucialmente, si el coste de esta notificación supera el importe de los fondos acumulados, la notificación queda suspendida. Es una mecánica que, en principio, protege a los titulares de cuentas de muy bajo valor.

Certificación y traspasos: el camino a seguir

En caso de que la Administración considere apropiado, el banco debe facilitar la correspondiente certificación a los herederos del titular, detallando la fecha de la declaración y la Delegación de Economía y Hacienda donde se realizó. Esto asegura la trazabilidad del patrimonio.

Multas elevadas: la presión regulatoria

El incumplimiento de estas obligaciones conlleva una sanción considerable: hasta 600.000 euros. Un mensaje claro para las entidades financieras: la supervisión no es opcional.

Diferencia entre inactividad y abandono: un matiz clave

Es fundamental distinguir entre una cuenta inactiva y una cuenta abandonada. La legislación no se centra en un saldo nulo, sino en la ausencia de actividad durante dos décadas. El banco tiene el deber de advertir al cliente sobre los costes asociados a mantener la cuenta abierta sin cancelación, un detalle que a menudo se pasa por alto.

Cancelación expresa: la vía para evitar cargos

La cancelación debe ser expresada por escrito, no basta con dejar el saldo a cero. Y, aunque pueda parecer obvio, el banco puede seguir cobrando comisiones de mantenimiento mientras la cuenta permanece abierta, siempre y cuando cumpla con sus obligaciones de información y liquidaciones, notificando las cantidades adeudadas. Es una práctica que genera frustración, pero legalmente está permitida.

Revolut y la competencia en el ahorro

La entrada de Revolut con una cuenta remunerada al 3,51% TAE plantea un desafío al sector bancario tradicional. Pero, como recuerda el Banco de España, ninguna entidad puede imponer comisiones por descubierto si la causa es, precisamente, el cargo de comisiones en la cuenta. La prudencia, en definitiva, es la mejor política.

Derechos del cliente: cancelación sin preaviso

El cliente tiene derecho a cancelar la cuenta en cualquier momento, sin necesidad de preaviso, y la entidad está obligada a hacerlo en un plazo máximo de 24 horas. Además, la cancelación será gratuita si el contrato tiene una duración indefinida o un plazo superior a seis meses. Una garantía que, en un contexto de creciente desconfianza, resulta especialmente valiosa.

Conclusión: la administración se queda con lo suyo

La ley, en su afán por proteger el patrimonio público, se asegura de que los saldos dormidos en las cuentas bancarias, tras dos décadas de inactividad, eventualmente retornen a la tesorería del Estado. No es una medida populista, sino una garantía de transparencia y orden en la gestión de los fondos públicos. Y, con 600.000 euros como posible sanción, la Administración no se andará con chiquitas para hacer cumplir la ley.